Constitucionalismo Español

( Leyes políticas españolas fundamentales )

El desarrollo constitucional de España es parte destacada de la propia historia de ese país desde el siglo XIX. El texto que se reproduce a continuación, escrito el 2 de abril de 1979, es obra del catedrático de Derecho Político y alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván.

Fragmento de Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1978).
Prólogo de Enrique Tierno Galván.


El Profesor Posada hace ya años propuso como base para interpretar a la historia constitucional de nuestro país el criterio que él llamaba del «péndulo». De acuerdo con esto, habríamos comenzado nuestra historia constitucional en 1812 con un texto progresista y en cierto modo utópico. Habría habido una reacción conservadora que se recogería en el Estatuto de 1834 y, al poco tiempo, otra Constitución progresiva que recogía lo fundamental de la del 12 concretaba algunas de sus aspiraciones, y se aprobaba por la Reina y las Cortes: la Constitución de 1837.

Un período de confusión en el que las camarillas políticas no llegaban a un acuerdo satisfactorio, secundadas y a veces dominadas por los jefes militares, concluyen en 1845 con unas reformas que hacen que oscile la aguja que marca el sentido político de la historia de las constituciones hacia la derecha. Son los textos de 1845 que el lector puede leer, como todos los demás, en el libro que tiene entre las manos.
Nuevas y sucesivas violencias, trastornos provocados por los excesos de progresistas y moderados, culminan en 1868 con el exilio a Francia de la Reina Isabel II y la aprobación de la Constitución de 1869, resultado de la Revolución, conocida con el nombre de La Gloriosa. Una Constitución progresista, amplia, moderna, innovadora, que pretendía conectar las instituciones políticas y sociales de los españoles con los equivalentes más avanzados de Europa. El fugaz reinado de D. Amadeo y la también fugaz República, cuyo Parlamento aprobó pero no sancionó la Constitución Federal redactada por Pi y Margall de modo casi exclusivo, desembocaron como nadie ignora en la restauración canovista.




Hemos visto que el criterio del péndulo del señor Posada parece cumplirse y que las Constituciones son testimonio de los bandazos de nuestra vida política. Se puede admitir que este pasar de un extremo a otro responde a exigencias sociales concretas, pero no se puede hacer esta afirmación si se entiende que la política a veces no expresa inmediatamente los procesos sociales. La minoría política, en la que se podía incluir sin inconveniente alguno la minoría que detentaba el poder militar, reaccionaba por sus propios intereses e ideales y sólo de modo general y mediato se pueden relacionar los trastornos políticos con las exigencias sociales. Hubo teóricos del siglo XIX que decían ver clara la relación entre inquietud social y cambios constitucionales, como Castelar, por ejemplo, pero lo cierto es, repito, que esta relación, que sin duda existía, es oscura, por consiguiente difícil de interpretar y pasa, necesariamente, por la expresión política de las propias necesidades e ideas de la clase política, con independencia de las aspiraciones populares.
La gran corrección se produjo cuando las organizaciones obreras fueron adquiriendo fuerza e intervinieron en este proceso pendular que, pese a todo, tuvo su última oscilación con la Constitución de 1931, que a fin de cuentas se oponía a la canovista, que formalmente nunca fue derogada.
Todos sabemos qué ocurrió después, pues pertenece a nuestra historia coetánea: La guerra y el régimen franquista, que es una oposición a la concepción progresista y europea de la II República española, reflejada en la Constitución del año 31.
Aceptando, aunque sin dejarnos engañar, el criterio propuesto por D. Adolfo Posada, pues detrás de su sencillez se esconden innumerables problemas que no se ajustan a un marco tan simple, la pregunta que aparece casi de súbito en la mente de quien reflexiona sobre estos problemas es la de, ¿será la Constitución española de 1978 otra oscilación que lleve de la derecha al progresismo y haya que esperar como inevitable un nuevo movimiento que nos coloque otra vez en algún punto del segmento del arco político en el que se instalan las derechas?
La tesis general admitida por la propaganda del Partido gubernamental y por los partidos de derechas y de izquierdas, que se sientan actualmente en el Congreso español, además de por una gran parte de la clase dirigente y de la opinión pública, es que la Constitución del 78 ha acabado con las oscilaciones del péndulo, parándose en el justo medio, que en este caso se expresa por la palabra sensatez y por las expresiones «una Constitución para todos» y «reconciliación nacional».
Difícil es profetizar si el criterio del péndulo que casi parece una ley, va a ser aplicable en el futuro; sin embargo, el principio general que desde un punto de vista sociológico se suele aplicar para predecir el proceso de cualquier comunidad estatal, según avanza por la línea del desarrollo, es favorable a una visión optimista. España es un país desarrollado, industrializado, con un nivel cultural medio relativamente alto, y con una mentalidad, hoy por hoy, europea; por lo tanto, cabe conjeturar, ya que no predecir, que las oscilaciones de extremo a extremo han acabado.
El lector se va a encontrar con una Constitución, la del 78, que se ha tardado un año aproximadamente en elaborar, y que es la conclusión de tres supuestos básicos: 1.º) Que no reaparezcan las contiendas civiles, para lo cual se pretende enterrar definitivamente el pasado inmediato. 2.º) Concluir con la fuente de rencores y trastornos que nacían de un centralismo político y administrativo disconforme con la pluralidad histórica y social de las comunidades que integran la nación española, y 3.º) adaptarse a las exigencias de la sociedad española desarrollada y a los esquemas de vida política, social y económica que los países europeos occidentales han adoptado.
En términos generales puede sostenerse que la Constitución ha conseguido institucionalizar estos tres fines y que el funcionamiento de las instituciones, adecuándose unas con otras, y la eficacia global, corresponden al acierto de los partidos políticos y de los gobiernos. Pero hay una observación final que me parece contribuye a acreditar la idea de que las oscilaciones de un extremo a otro han concluido; se trata del hecho obvio de que la Constitución actual de España, que es una Constitución Monárquica, es en algunos aspectos fundamentales el doble simétrico de la Constitución de 1931. Este es un hecho sorprendente y nuevo porque en la historia constitucional española no existe un ejemplo equivalente de una Constitución, que doblada por un eje histórico imaginario, coincida tan rigurosamente con otra en instituciones fundamentales después de un período tan extenso en el que se pretendió cambiar de raíz el modo de entender y practicar la política los españoles.
Una Constitución monárquica que se yuxtapone a una republicana es un hecho nuevo que tiene un gran significado, pues permite considerar al período franquista como un largo paréntesis innecesario. Considérese que, como en 1931, en la Constitución actual se construye un Estado plural muy parecido al que aquélla defendía. Que se estableció entonces un sistema mixto entre parlamentario y presidencialista, que recuerda el parlamentarismo monárquico de la Constitución vigente en cuanto tampoco es un sistema parlamentario puro; que se estableció entonces, por primera vez en España, el Tribunal de Garantías Constitucionales, recogido en la Constitución actual; que en el 31 se institucionalizaron reformas substanciales en el derecho de familia, que ahora se repiten, etc. Por razones sociológicas las dos Constituciones, la del 31 y la del 78, se parecen aunque una sea republicana y la otra monárquica, hasta el extremo de ser en bastantes casos la actual, desarrollo de lo iniciado antes.
De aquí que nos haya parecido inexcusable mantener en este libro los Estatutos de Cataluña y Euzkadi y añadir el Gallego, en cuanto antecedentes necesarios, para que el lector pueda comparar lo que era el orden jurídico de las regiones autónomas durante la República, y lo que es hoy el de las Nacionalidades y Regiones. Hemos suprimido las explicaciones acerca de la gestación y aprobación de los Estatutos, que aparecían en las ediciones anteriores de este libro, pues resulta ahora extremadamente fácil hacerse con obras que sucinta o extensamente exponen el proceso estatutario en el período republicano.
Notará el lector que hemos añadido algunos textos. Nos ha parecido imprescindible incluir la Ley de Reforma, por razones que a nadie escaparán. En cuanto a los restantes textos que ahora aparecen por primera vez en este libro, se justifican por el carácter al que hemos aludido, de prolongación, en bastantes temas, de la legislación actual respecto de la republicana. Hay que entender que la semejanza de que hablo se refiere a la estructura jurídica y al planteamiento de los problemas, pero el cambio en las estructuras sociales y fundamentalmente los cambios en la economía —el paso del subdesarrollo al desarrollo— condicionan el proceso de aplicación de las normas de modo completamente distinto hoy que ayer.
Hemos de advertir, por último, que hará falta, en una reimpresión futura, añadir, además de los Estatutos, nuevos textos que recojan lo que la Constitución actual llama «Leyes Orgánicas», cuyo nivel jurídico sin ser el de las constitucionales, tampoco es, por su especial importancia, el de las leyes ordinarias. Cabe admitir, por añadidura, que alguna ley habrá que sin titularse Orgánica, tenga tanta importancia en el conjunto del ordenamiento jurídico, que sea inexcusable añadirla.
Considere el lector que, en este sentido, la Constitución española actual tiene que desarrollarse a través de normas que en bastantes casos podrían haber formado parte de la propia Constitución, lo que le da un carácter peculiar de «Ley marco», que introduce una novedad de suma importancia en el proceso del constitucionalismo español.
Fuente: Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1978). Edición y prólogo de Enrique Tierno Galván. Madrid: Editorial Tecnos, 1984.

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