DERECHO ESPAÑOL

Derecho español, conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico vigente en España y, desde una perspectiva general, su propia evolución histórica. Si en una acepción amplia Derecho se refiere, desde un concepto etimológico (en latín, derectum) a lo recto y directo, a “lo que no se tuerce”, el Derecho español alude y delimita un régimen jurídico concreto. Dos procesos configuran en la historia el fenómeno que, según diversos autores, se denominó “diversificación” o “disgregación” del Derecho como sinónimo de un orden natural universal. En puridad, el primero vendría determinado por la remota transformación del ius, espíritu de la justicia, “búsqueda de lo bueno y de lo justo”, en palabras de Celso, discriminación sobre lo lícito y lo ilícito, lo justo y lo injusto, en Derecho objetivo o expresión material del poder existente. De esta forma en el Derecho convergen la aspiración o la reivindicación personal y la situación jurídica general, conforme la concepción de la justicia romana. Con el paso del tiempo, ese legado universal va adaptándose a situaciones más específicas, aun cuando también existen interpretaciones doctrinales que plantean esta caracterización desde una visión historicista, como efecto de la compilación justinianea (Corpus Iuris Civilis) y de la adaptación del Derecho común a interpretaciones autóctonas (como las Leyes de Toro, las Partidas, el Derecho germánico oral o las Pandectas) que a menudo derivan de usos locales.

El segundo paso que desemboca de hecho en la formación de los ordenamientos jurídicos nacionales, viene como consecuencia de una era que concede protagonismo al impulso de la codificación (en latín, codex o caudex; en lenguas romances, codice o code) y al renacer del espíritu universal del Derecho romano. Este proceso, que en el resto de Europa coincide con las primeras manifestaciones de la burguesía como clase, en España tiene lugar con mucho retraso, dada la tremenda diversidad surgida de la contraposición entre el denominado Derecho común particular (las Partidas, por ejemplo) y el Corpus Iuris. Por este motivo, si el impulso codificador se emprende en el resto de Europa en el siglo XVI, animado por el propósito de sistematizar con carácter general una rama del Derecho (Código Penal, de Comercio, Civil, entre otros), la tardía unidad civil española lo convierte en una consecuencia tardía del movimiento de la Ilustración, muy avanzado el siglo XVIII. Para entonces, el Derecho nacional de cada país es asumido sin distinción por regímenes democráticos como por monarquías absolutistas, orientación que no se produciría en España hasta el siglo XIX y constituiría el fundamento de la emancipación de América Latina. La consecución de la unidad de los ordenamientos de un país, en el marco de unas fronteras reales, se materializó a su vez en una jerarquía normativa, marcada por las fuentes de cada Derecho, para que el juzgador aplique la norma con criterio de justicia, sin caer en contradicciones ni en lagunas jurídicas. En el Derecho español la jerarquía normativa quedó establecida en este orden: ley, costumbre y principios generales.


Fuentes del derecho
Ley, costumbre, principios generales


El artículo 1.1 del Código Civil español señala: “Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho”.

En el ámbito de aplicación del Código —esto es, en la mayoría del Estado español— y en virtud de su artículo 1.3, “la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable”.

De conformidad con el 1.4, queda establecido: “Los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”.

La jurisprudencia y su valor

El artículo 1.6 del Código Civil señala: “La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho”. Al relacionar los apartados 1 y 6 del artículo 1 del Código Civil se llega a la conclusión que la jurisprudencia no es, en puridad, fuente del Derecho ni se aprecia una vinculación con la misma, dejando al margen las muchas posibilidades de que las sentencias futuras sean acordes con una determinada línea jurisprudencial, sobre todo si ésta se muestra uniforme y reiterada en el tiempo. Hasta épocas recientes, jurisprudencia era tan sólo la doctrina emitida por el Tribunal Supremo y ello cuando se cumplían los siguientes requisitos: uniformidad en los criterios utilizados y reiteración en los mismos; que los criterios o afirmaciones esgrimidos estuvieran destinados a fundamentar la decisión y no resultaran un simple efecto de carácter incidental; que se aprecie sustancial identidad entre los supuestos concretos recogidos y resueltos en las sentencias que sientan jurisprudencia y aquel al que se quiere aplicar la jurisprudencia en cuestión.

Estos requisitos no han dejado de tener validez en el presente, pero es preciso añadir que la Constitución española promulgada en 1978 ha propiciado la aparición de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas con competencias similares, en su ámbito, a las del Tribunal Supremo y a la del propio Tribunal Constitucional que, máximo intérprete de la Carta Magna, también genera su propia jurisprudencia.

A ello hay que añadir, desde la incorporación de España a la Comunidad Europea —incorporación efectiva a partir del 1 de enero de 1986—, la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Habría que añadir también, en determinadas materias, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Todo ello permite hablar, en propiedad, de jurisprudencias, más que de jurisprudencia en España; jurisprudencias además que, con rango similar o igual, pueden llegar a diferir al pronunciarse sobre temas similares o idénticos.

Las leyes. Jerarquía normativa


Las leyes, consideradas como normas jurídicas nacidas de la potestad normativa del Estado, pueden ser de muy diversa índole y rango. En síntesis, en el vértice de la jerarquía normativa se encuentra la Constitución, seguida de los estatutos de autonomía, el conjunto de las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y los reglamentos. El establecimiento de una jerarquía normativa determina, de conformidad con el artículo 1.2 del Código Civil, que: “Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango inferior”. A los efectos antes dichos y a los efectos previos de identificar las normas jurídicas que integran el ordenamiento español, hay que tener presentes los tratados internacionales, de elevada jerarquía normativa, recogidos en la Constitución, que los regula de modo general en sus artículos 93 y siguientes.

También y como consecuencia de los tratados de adhesión de España a la Unión Europea y de los ulteriores instrumentos suscritos en el marco de la misma por los países que la componen, hay que tener presente todo el llamado Derecho comunitario, integrado por disposiciones de diversa índole como reglamentos, directivas, decisiones y que en ocasiones han de integrarse en el Derecho interno y en todo caso forman parte del ordenamiento jurídico español con un rango superior al de sus leyes ordinarias.

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