María Emilia Casas estaba envuelta en una investigación por supuesto asesoramiento ilegal a una mujer involucrada en el asesinato de su marido

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad archivar el procedimiento en el que se investigaba si la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, incurrió en un delito de asesoramiento ilegal durante una conversación telefónica que mantuvo con una abogada y que fue grabada por la Guardia Civil.

Las escuchas fueron ordenadas por la juez de Valdemoro en el caso en el que investiga el asesinato del ex marido de la citada letrada, con la que Casas se puso en contacto a petición de una conocida de ambas, que le aseguró que la mujer sufría malos tratos.
Cuando supo de la identidad de la comunicante de la abogada -que ahora se encuentra en prisión acusada de la muerte de su ex marido-, la magistrada elevó una exposición razonada al Supremo por si de los hechos podía derivarse alguna responsabilidad penal de la presidenta del Tribunal Constitucional, pero el Alto Tribunal no ha apreciado ninguna.
La decisión se produce en consonancia con la postura adoptada por la Fiscalía, que se opuso a considerar delictiva dicha conducta por no cumplir los requisitos del delito de asesoramiento ilegal (artículo 441 del Código Penal), penado con multa e inhabilitación.

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